Inicia en Veracruz proceso para elegir al nuevo ombudsman estatal

El Congreso del estado emitió la convocatoria para la elección del nuevo ombudsman en Veracruz que sustituirá a la actual presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Noemí Quirasco Hernández, quien ha permanecido en el cargo durante dos periodos.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Personas Vulnerables del Congreso local, el diputado de Convergencia, Armando Méndez de la Luz, afirmó que la elección del nuevo titular de la CEDH será un “proceso transparente y democrático”, donde no intervendrán los partidos políticos.

Explicó que a partir de mañana se inicia el proceso de entrega de propuestas de los aspirantes a ocupar la presidencia de la CEDH, que entrará en funciones el próximo 30 de enero.

Entre quienes son mencionado para sustituir a Quirasco Hernández, figuran Marco Antonio Rodríguez Lobato, agente visitador del Ministerio Público encargado de derechos humanos en la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ); el visitador de la CEDH, Ernesto Luna Duarte, y el exdiputado federal panista Mauricio Duck Núñez.

La semana pasada, el también exdiputado local del PAN, allegado al grupo que encabezó el expanista Gerardo Buganza Salmerón, actual secretario de Gobierno en la administración de Javier Duarte de Ochoa, dio a conocer que aspiraba al cargo.

Dijo que esperaría a que se emitiera la convocatoria para presentar su registro ante el Congreso local, pues “por primera vez voy a intentar que haya una competencia real para la designación de ese cargo”.

Dijo que cumple con todos los requisitos de ley, además de contar con el apoyo de organizaciones civiles. Añadió que el hecho de ser militante del PAN “no es un impedimento legal para que pueda desempeñar estas funciones, pues no existe ninguna prohibición relacionada con la afiliación a algún partido político”.

Al respecto, Méndez de la Luz afirmó que en la elección del nuevo ombudsman veracruzano no “prevalecerán intereses partidistas”, ya que este será un proceso “democrático y transparente, donde se analizarán los perfiles, experiencias y méritos académicos para seleccionar al mejor prospecto”.

La convocatoria establece algunos requisitos para los aspirantes, como contar con licenciatura en derecho, tener más de cinco años en el ejercicio profesional, tener estudios de posgrado y buena reputación.

Esa comisión convocó a organismos no gubernamentales, asociaciones civiles y colegios vinculados con la defensa y promoción de los derechos humanos y, en general, a entidades, instituciones, académicos e intelectuales, a presentar sus propuestas de las personas que consideren pueden ocupar el cargo.

Quien resulte electo con el voto de las dos terceras partes de los 50 diputados del Congreso local, estará al frente del organismo a partir del próximo 30 de enero de 2011 y hasta el 29 de enero del 2019; es decir, durante un periodo de cinco años, aunque la ley permite una reelección en el cargo.

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/86402

PELIGRA SEGURIDAD NACIONAL DE MÉXICO.-UE

La Subcomisión de DH de la Eurocámara celebró una audiencia para evaluar la situación de los derechos en México y la violencia en San Juan Copala.

La Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo aseguró este lunes que el poder del crimen organizado y la violencia que asola a México en el contexto de la guerra contra el narcotráfico amenazan la seguridad nacional del País.

"La delincuencia organizada, en particular en las fronteras, ha llegado a un nivel insoportable, la seguridad nacional (de México) está en peligro", declaró la eurodiputada Heidi Hautala, en su calidad de presidenta del Subcomisión de Derechos Humanos, la instancia de la Eurocámara encargada de analizar los casos más graves de violaciones a las garantías individuales a nivel mundial.

"Probablemente es hora de adoptar otra estrategia contra las drogas", precisó la eurodiputada finlandesa del Grupo de los Verdes en conversación con REFORMA.

En el mismo tono, se pronunció el jefe de la Unidad para México de la Comisión Europea, Petros Mavromichalis.

"La Comisión Europea está preocupada por la situación de violencia que se vive en México, debido a la lucha contra la delincuencia organizada, y le preocupa esta oleada de violaciones a los derechos humanos que vemos en el País en paralelo a la lucha contra la delincuencia", indicó el representante del Ejecutivo comunitario.

Las declaraciones de las autoridades comunitarias se dieron en el marco de una audiencia pública celebrada por la Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara para evaluar la situación de las garantías individuales en México.

El encuentro centró su debate en la situación en Oaxaca, donde "reina la impunidad más total", según la eurodiputada Hautala.

"En Oaxaca se elimina a indígenas, a activistas de derechos humanos y a voluntarios humanitarios. Falta voluntad política, recursos humanos y financieros para luchar contra esta violencia", denunció la eurodiputada.

El debate contó con la participación de David Peña, representante legal de los activistas asesinados, durante la emboscada a la caravana que se dirigía a San Juan Copala Oaxaca el 27 de abril, el finlandés Jyri Antero Jaakkola y la mexicana Beatriz Cariño. También intervino Eve Leena, madre del finlandés asesinado.

La delegación mexicana estuvo liderada por Alejandro Negrín, director de la Cancillería para los Derechos Humanos, mientras que el Gobernador electo, Gabino Cué, se hizo presente con un mensaje que fue leído por personal de la Embajada de México ante la Unión Europea y en el que prometió durante su mandato dejar atrás la era de los abusos, la deshonestidad, la exclusión, la violencia y el miedo.

El abogado David Peña afirmó que la violencia y la impunidad continúan en el Estado, como lo ilustran los 26 asesinatos registrados este año en la región triqui, y la ausencia de resultados en las investigaciones de los asesinatos de Jaakkola y Cariño.

Afirmó que la impunidad continuará reinando en la entidad en tanto no existan los mecanismos de protección a testigos y defensores de las garantías individuales.

El representante de la Cancillería, Alejandro Negrín, subrayó el compromiso del Gobierno por llevar ante la justicia a los responsables de los asesinatos de los dos activistas y se comprometió a trasmitir a Gobernación la exigencia de brindar protección a los testigos y supervivientes del caso.

"No queremos sólo bellas palabras", declaró el eurodiputado alemán Markus Ferber, Vicepresidente de la Delegación para México del Parlamento Europeo y miembro del Partido Popular Europeo, al hablar de la necesidad de que se lleve ante la justicia a los responsables de los homicidios en Oaxaca.

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MILITARES IRÁN A JUICIOS CIVILES

De ser avaladas estas propuestas por el Congreso, el procedimiento penal militar se deberá armonizar con la Ley Federal de Acceso a la Información Pública gubernamental; el costo de esta reforma sería de 72 millones 730 mil 84 pesos

El presidente Felipe Calderón Hinojosa presentó al Senado de la República su iniciativa para modificar el fuero militar, que considera adecuar el artículo 57 del Código de Justicia Militar para excluir de la jurisdicción castrense los delitos de desaparición forzada de personas, la tortura y la violación.

“El Estado mexicano estará armonizando su legislación interna con lo previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”, estableció el presidente Calderón.

La propuesta cumple con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin vulnerar el bien esencial que protege la jurisdicción militar, es decir, la disciplina en las fuerzas armadas, pilar de funcionamiento de dichas instituciones, justificó Calderón en la exposición de motivos.

El mandatario explicó al Senado que así se cumple la sentencia del caso Rosendo Radilla, que obliga a México a acotar la jurisdicción militar en cuando a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares, esto es, a la comisión de conductas ilícitas que atentan contra la disciplina militar.

Tribunales y prisión

Los delitos mencionados serán competencia de tribunales del fuero federal, precisa el artículo 57 propuesto por el Presidente: “Cuando de las diligencias practicadas en la investigación de un delito se desprenda la probable comisión de alguno de los contemplados en el párrafo anterior, inmediatamente el Ministerio Público Militar deberá, a través del acuerdo respectivo, desglosar la averiguación previa correspondiente, precisando las constancias o las actuaciones realizadas y remitirla al MP de la federación.

Las actuaciones que formen parte del desglose no perderán su validez, aún cuando en su realización se haya aplicado este código y con posterioridad el Código Federal de Procedimientos Penales”.

En el artículo 129, Calderón propone que los militares sujetos a proceso “deberán permanecer en prisiones militares y no podrán considerarse como tales los buques, cuarteles u oficinas militares” para salvaguardar su integridad física y “evitar que pudieran ser persuadidos para participar en los intereses de la delincuencia organizada”.

Los sentenciados a pena privativa de la libertad compurgarán sus penas en la prisión militar o cárceles del orden común o federal que determine la autoridad militar competente.

Obliga al Ministerio Público y a la nueva Policía Ministerial Militar —que actualmente se denomina Policía Judicial Militar— a realizar un registro inmediato de los detenidos.

Denuncia electrónica

La iniciativa sugiere incorporar el fax y el correo electrónico para las denuncias, por ser avances tecnológicos más rápidos, mismas que podrán ser de carácter anónimo para “incentivar” la presentación de quejas en contra de integrantes de las Fuerzas Armadas y contrarrestar la inhibición de acusaciones.

Además, Calderón sugirió que sea la Policía Ministerial Militar la que brinde protección a víctimas, ofendidos, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público Militar y de la policía en general en los casos que exista riesgo objetivo para su vida e integridad corporal.

Aumenta prescripción

De ser avaladas estas propuestas por el Congreso, el procedimiento penal militar se deberá armonizar con la Ley Federal de Acceso a la Información Pública gubernamental.

El costo de la aplicación de esta reforma sería de 72 millones 730 mil 84 pesos, según prevé la iniciativa presentada.

Asimismo, prevé aumentar la prescripción del delito de desaparición forzada hasta 35 años, para evitar la impunidad y considera la no aplicación en beneficio del responsable ni la amnistía, indulto o cualquier preliberación o sustituto de pena.

La pena propuesta para este delito es de 20 a 50 años de prisión cuando sea cometido por un servidor público, pero como también se puede imputar a particulares, y esta sería de 10 a 25 años de prisión.

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AI ve incompleta iniciativa para fuero militar

Amnistía Internacional señala que el Ejecutivo proponoe remitir a la justicia civil a soldados acusados sólo de tres delitos, y se preserva la justicia militar para tratar otros abusos

Amnistía Internacional lamentó que la iniciativa para reformar el fuero militar presentada al Senado ayer por el Ejecutivo sólo contempla la exclusión de algunas violaciones de derechos humanos de la justicia militar, y no cambia la forma en que las alegaciones de abusos se investigan.

La organización instó a los legisladores a alcanzar consenso en una modificación que reúna los elementos señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Sólo así el Congreso demostrará su compromiso para garantizar que no exista más impunidad en casos de abusos graves a los derechos y México cumplirá sus obligaciones en materia de derechos humanos", dijo en un comunicado.

El texto actual de la iniciativa, explicó AI, propone remitir a la justicia civil a aquellos militares acusados "solamente" de la comisión de tres delitos: desaparición forzada, tortura y violación.

En realidad, agregó, esta iniciativa "parece preservar la justicia militar para todos los demás abusos de derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales, tales como ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, detención arbitraria e incluso el genocidio y otros delitos de lesa humanidad".

Además de cuestiones acerca de "complicidad en abusos cometidos por otros o la desviación de la investigación penal podrían seguir siendo atendidos por la jurisdicción militar".

Es preocupante, explicó la organización internacional, el papel asignado al ministerio público militar para la determinación del delito en la investigación inicial para ser remitido a la justicia civil en caso de que se configuren los elementos del tipo penal.

"En efecto, este mecanismo puede actuar como un candado que permita bloquear la actuación de la justicia civil, incluso en los mismos delitos que quedan excluidos de la justicia militar mediante esta iniciativa".

Detalló que las tres sentencias emitidas hasta la fecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Radilla Pacheco, Fernández Ortega y Rosendo Cantú "trataban de casos en que el ministerio público militar no logró encontrar los elementos para proceder contra los implicados precisamente por los delitos de desaparición forzada, tortura o violación".

Además, en otros casos recientes documentados por Amnistía Internacional "en que miembros del ejército han estado implicados en delitos como ejecución extrajudicial, tortura y desaparición forzada", dijo, el ministerio público militar "ha negado reconocer la evidencia de dichos delitos".

"Tales casos no llegarán a la justicia civil para ser investigados y procesados de manera imparcial e independiente, razón por la cual los derechos de las víctimas seguirán siendo vulnerados", dijo AI.

Recordó que el pasado mes de septiembre Amnistía Internacional envió un memorándum al gobierno, legisladores y al Poder Judicial acerca de la obligación del Estado mexicano por cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Las sentencias, dijo, son claras al requerir que la reforma al Código de Justicia Militar debe reunir ciertos criterios específicos:

- La "jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional";

- Que "en el fuero militar sólo se debe juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar";

- Que "tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria".

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HRW: CALDERÓN, CONTRADICTORIO EN DERECHOS HUMANOS

Por un lado habla de defensa y por otro dice que son falsas las quejas por violaciones, señala en carta

Critica HRW mensajes "contradictorios" de Calderón sobre protección de derechos

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Sábado 25 de septiembre de 2010, p. 12

Human Rights Watch (HRW) manifestó preocupación por los mensajes "contradictorios" expresados por Felipe Calderón sobre la protección a los derechos humanos en México.

Por un lado –señala–, el titular del Ejecutivo federal habla de la defensa de las garantías individuales, y por otro afirma que las denuncias de violaciones a dichas garantías "no son ciertas" o que las autoridades simplemente no cometen abusos.

"En época de violencia extrema, el gobierno tiene la obligación de proteger las garantías fundamentales de la población, en lugar de ignorarlas con el pretexto de restablecer la seguridad", señaló José Miguel Vivanco, encargado para las Américas de HRW, en una carta dirigida a Calderón.

El activista demandó al titular del Ejecutivo manifestar públicamente que el respeto a los derechos humanos es un aspecto integral de sus medidas de seguridad pública, y respaldar dicha postura con el fortalecimiento de la legislación, las instituciones y prácticas para proteger dichas garantías.

Vivanco consideró que si bien México está inmerso en una "grave crisis" de seguridad pública que no se ha solucionado de manera adecuada, que ha ocasionado más de 28 mil muertos en lo que va del sexenio y desatado un clima de violencia que pone en riesgo la seguridad y el bienestar de la población –además de que afecta muchas de las libertades fundamentales de la ciudadanía, como la de expresión y de tránsito, así como la participación política–, el uso del Ejército no es la solución, pues las denuncias en su contra por abusos van en aumento.

"Desde que su gobierno desplegó decenas de miles de soldados para combatir el narcotráfico, se ha registrado un drástico incremento de violaciones a derechos humanos", sostuvo Vivanco en la misiva.

Recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha comprobado más de 60 casos de abusos graves cometidos por militares durante la administración calderonista, comoejecuciones ilegales, violaciones sexuales y torturas. Además de que existen más de 4 mil denuncias por presuntos abusos perpetrados por el Ejército.

"Los problemas de derechos humanos son rutinariamente excluidos en el discurso sobre su estrategia de seguridad", dijo Vivanco. Puso como ejemplo que durante los Diálogos por la Seguridad a que convocó, se excluyó a las organizaciones civiles de defensa de estas garantías, y no tocó el tema en ninguna de sus participaciones.

Las pocas ocasiones en que Calderón se ha referido a los derechos humanos se ven opacadas por “declaraciones contradictorias, donde incluso cuestiona la veracidad de las denuncias de violaciones a dichas garantías.

“Anunciar el compromiso del gobierno con los derechos humanos tiene valor escaso si, al mismo tiempo, se afirma que las denuncias de abusos ‘no son ciertas’ o que las autoridades simplemente no cometen abusos.”

Frente a esto, HRW sugirió a la administración federal tomar las medidas necesarias para asegurar que el respeto a las garantías fundamentales forme parte de las iniciativas gubernamentales para mejorar la seguridad pública.

En primer lugar, planteó que se juzgue en el sistema civil a los integrantes de las fuerzas armadas acusados de violar los derechos humanos, desautorizar a los funcionarios que atacan a periodistas y a activistas, proteger a ambos gremios y acelerar la visita del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales.

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Una persona muere diariamente al tratar de pasar la frontera

Cada día mueren entre uno y dos inmigrantes cuando intentan cruzar de México a Estados Unidos, denunció ayer la organización estadunidense Red Fronteriza por los Derechos Humanos (RFDH), que considera que esta situación se ha agravado por la militarización de ambos lados de la frontera.

La asociación civil expuso ayer en una rueda de prensa que, según sus propios datos, desde 1999 se han recuperado 5,600 cadáveres de personas que fallecieron cuando atravesaban la frontera, en su mayoría mexicanos, lo que colocaría en más de 500 los muertos en esa zona al año.

Varios representantes de esta red con sede en EU explicaron que la militarización es una estrategia fallida, ya que empuja a los inmigrantes a buscar “rutas más inhóspitas” y, por tanto, más peligrosas.

Una comitiva de esta ONG permanecerá hasta el sábado en México, donde se reunirá con legisladores, autoridades y organizaciones civiles para promover la creación de una “delegación de alto nivel que escuche la realidad de los mexicanos a ambos lados de la frontera”, indicó Fernando García, director ejecutivo de la RFDH.

El activista añadió que también se busca impulsar una reforma de las políticas migratorias que “pueda ofrecer soluciones a largo plazo”, un compromiso del presidente de EU, Barack Obama, que aún está pendiente de materializarse.

García explicó que, cuando su organización defiende los derechos humanos de los mexicanos que emigran a Estados Unidos, siempre se encuentran con voces que les recuerdan la deshumanización que los indocumentados sufren dentro de las propias fronteras de México.

La reciente matanza de 72 migrantes brasileños, guatemaltecos, hondureños, ecuatorianos y salvadoreños en el norteño estado de Tamaulipas, atribuida al grupo criminal de Los Zetas, ha abierto de nuevo, según García, esta “caja de Pandora”.

“El gobierno mexicano no tiene calidad moral para defender los derechos de sus inmigrantes en Estados Unidos, pues cuando volteamos hacia el sur vemos humillaciones históricas de inmigrantes centroamericanos, ya sea por omisión o por acción”, sentenció.

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=531252

Formaliza México demandas contra ley de Arizona

México presentó formalmente ante una Corte Federal en Arizona su solicitud para acompañar una demanda contra la Ley SB1070.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el gobierno mexicano se sumó formalmente bajo la figura de Amicus Curiae “Amigo de la Corte” a la causa denominada “Friendly House, et al. Vs Michael B. Whiting, et al”.

La dependencia informó que la solicitud se presentó ante la Corte Federal para el Distrito de Arizona, en apoyo a la demanda de impugnación contra la Ley SB1070 aprobada en abril y que entraría en vigor a finales de este mes.

En la misma demanda forman parte el Fondo México-Americana de Defensa Legal y Educativa; el Centro Nacional de Derecho Migratorio y la Unión Americana de Libertades Civiles.

Bajo la figura de “Amicus Curiae” México estará en posibilidad de entregar información al juez de la causa para enriquecer los criterios legales en los que deberá basarse para tomar una decisión.

De acuerdo con la Cancillería, México solicitó a la Corte Federal que declare la ley inconstitucional e impida su entrada en vigor, al destacar que los derechos humanos y civiles de los mexicanos deben ser respetados siempre, incluyendo cuando se encuentren en Arizona.

“México tiene el deber de proteger a sus nacionales y asegurar que el origen étnico no sea utilizado como criterio para cometer actos discriminatorios”, subraya el escrito.

La presentación del escrito de “Amigo de la Corte”, en apoyo de dicha demanda, forma parte de las medidas que continuará emprendiendo México para responder de manera firme a cualquier violación a los derechos humanos de los mexicanos que se encuentren en Arizona.

http://cronica.com.mx/nota.php?id_nota=514198

Presenta Duarte plan de seguridad pública y procuración de justicia para Veracruz

Construir una cultura de la legalidad, reducir al mínimo los riesgos de la inseguridad y atacar de raíz las causas económicas y sociales de la violencia y la delincuencia, son los ejes del programa de procuración de justicia y seguridad pública del candidato a la gubernatura de la coalición Veracruz para Adelante, Javier Duarte de Ochoa.

Veracruz será el mejor lugar para vivir, dijo el candidato, y ofreció un esfuerzo constante, trabajo permanente y todas las acciones necesarias para que los habitantes del estado puedan salir a la calle a trabajar, estudiar y divertirse en un clima de paz y armonía.

Una Fiscalía General sustituirá a la Procuraduría General de Justicia, y se crearán el Sistema Único de Información Policial y el Sistema Estatal de Protección Ciudadana y de Derechos Humanos, así como el Instituto de Estudios de la Criminalidad de Veracruz, delineó Duarte al presentar el programa.

Legalidad, vigencia del estado de derecho y respeto a los derechos humanos, no el miedo, son las estrategias básicas para garantizar la tranquilidad y seguridad, indicó, acompañado por el ex procurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, al encabezar el Foro Estatal de Procuración de Justicia y Seguridad Pública donde presentó su modelo de paz social.

el acto en que también participaron los ex procuradores de Justicia estatales Rodolfo Duarte Rivas, Ignacio González Rebolledo, Eduardo Andrade Sánchez, Jorge Uscanga Escobar y Emeterio López Márquez.

Ahí, Duarte de Ochoa recibió lasLíneas estratégicas para la seguridad de las mujeres veracruzanas, documento que se comprometió a integrar al proyecto junto al resto de las ponencias.

El candidato destacó que la participación ciudadana es estratégica en el eficaz combate a la delincuencia y ofreció instrumentar el programa Vecino Vigilante de policías comunitarias, aunado a la generación de empleos y los programas de integración familiar en que también estribó su acción contra la inseguridad.

En el proyecto también figura crear un sistema de profesionalización policíaca con más capacitación, mejores sueldos y prestaciones laborales, a fin de reducir uno de los incentivos principales de la corrupción que es la necesidad de ingresos adicionales.

http://www.jornada.unam.mx/2010/06/20/index.php?section=estados&article=041n2est

Suman 900 niños muertos por lucha antinarco

En los últimos cinco años han muerto 900 niños en México como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico. Tan sólo en lo que va del año se estima que 100 pequeños han perdido la vida.

Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, alertó que en los estados del norte del país, "hay un grado de epidemia debido al aumento en el número de niños asesinados".

El defensor de los derechos humanos exigió al Gobierno federal dejar de estigmatizar a los niños que fallecen en la guerra contra el narcotráfico y evitar asociarlos a pandillas, grupos de sicarios o a alguna otra actividad delictiva.

Por ello, se pronunció por un defensoría de los derechos de los niños, autónoma que investigue el asesinato de cada menor, ya que hasta el momento los decesos que se han presentado han quedado en la impunidad.

Pérez García presentó el informe alternativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados en el país.

El mismo establece que de diciembre de 2006 a marzo de 2010 se han registrado 22 mil defunciones en la lucha contra la delincuencia organizada, de las cuales, 900 son de menores de 17 años.

Algunas entidades padecen tasas elevadas como es el caso de Sinaloa, con 43.7 fallecimientos por 100 mil habitantes, le sigue Chihuahua con 42.1; Guerrero, 30.2; Durango con 27.8; así como diez estados que tienen tasas hasta cuatro veces más altas que la media nacional.

En Ciudad Juárez se registraron 191 homicidios por cada 100 mil habitantes, confirmando a la ciudad como la más violenta del mundo.

En lo que se refiere a niños de 0 hasta 17 años las tazas de defunciones por homicidio aumentó, especialmente en Baja California, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Un ejemplo de este incremento es Durango, que en el 2006 registraba una tasa de 0.84 defunciones por homicidio en edades de 0 a 17 años, la cual para 2008 se incrementó en 3.8 por ciento.

En el informe se alerta que la categoría de niños más afectados por el incremento en la tasa de homicidios son los adolescentes desde los 15 hasta los 17 años. De 2007 a 2008, en un solo año, la taza de homicidios de Baja California subió de un 8.33 hasta 24.3 por cada 100 mil personas de ese rango de edad, lo que significa un incremento de 291.7 por ciento. En Chihuahua, donde pasó del 12.6 hasta el 45.95, lo que equivale a un aumento del 364 por ciento.

Algo más impresionante, revela el documento de 31 cuartillas, es el aumento de esta tasa en el estado de Sinaloa, donde pasó de 3.13 hasta 17.01, produciéndose así un incremento del 543 por ciento.

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El INM vulnera la Constitución; ha deportado mexicanos a Centroamérica

Ciudadanos mexicanos han sido deportados a Centroamérica por personal del Instituto Nacional de Migración, denunció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Según el organismo, agentes y otros servidores públicos del INM expulsan del país a connacionales, sin verificar su identidad ni estatus migratorio, anomalía que derivó ya en una recomendación en contra del Instituto, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Entre los principales afectados están menores de edad, algunos de los cuales les ha bastado presentarse como centroamericanos para ser enviados a otro país.

Uno de los casos es el de una joven de 18 años deportada a Honduras con el argumento de que era “ilegal”.

La menor había ingresado de manera voluntaria a la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, sin mostrar ningún documento de identidad, aunque dijo ser hondureña.

Los funcionarios del INM omitieron constatar su nacionalidad y ordenaron enviarla a la estación de Tapachula, Chiapas, para su posterior traslado a territorio hondureño.

La CNDH comprobó que Migración tampoco realizó gestiones ante la representación diplomática de Honduras para la entrega segura de la mujer ni para la regularización de sus documentos.

La agraviada ya fue repatriada a México y entregada a su madre, aunque la Comisión acreditó violaciones a los derechos humanos.

Por la falta de rigor y profesionalismo en sus procesos, la CNDH señaló que el personal migratorio vulnera la Constitución y la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en lo que respecta a la salvaguarda de garantías de los menores.

En la recomendación se adelanta la presentación de una denuncia ante el Órgano Interno de Control del Instituto, a fin de sancionar a los “servidores públicos” involucrados.

También se solicita al INM la implementación de mecanismos legales y administrativos para proteger los derechos de migrantes indocumentados y brindarles la ayuda necesaria. Y capacitar a sus empleados en el trato a menores de edad, para evitar “omisiones o irregularidades” de este tipo.

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=509449