lunes, 17 de enero de 2011
Fue operativo del Ejército, no enfrentamiento en Cardel, Veracruz: Buganza
viernes, 14 de enero de 2011
En Veracruz, “quien la hace la paga”: Duarte

El gobernador advirtió que no permitirá que se incremente la violencia en la entidad y señaló que en su entidad no son bienvenidos lo grupos delincuenciales.
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, aseguró que no va a permitir que se incremente la violencia en la entidad y afirmó que “aquí quien la hace, la debe de pagar”.
Entrevistado por Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, el mandatario estatal indicó que respecto al enfrentamiento que tuvo el Ejército contra miembros de la delincuencia organizada en Xalapa, se realizó un operativo conjunto entre fuerzas armadas y policías estatal y municipal que terminó de manera exitosa.
“Tras saber el incidente, acudimos a respaldar al Ejército. Estuvimos atentos al operativo y se logró inhabilitar este acto y… fallecieron 12 presuntos delincuentes y tuvimos el deceso de dos elementos del Ejército mexicano”, dijo Duarte.
El gobernador recalcó que “Ningún ciudadano, ninguna persona fue afectada en su integridad física y se logró asegurar esta circunstancia”.
Destacó la “cercanía y la coordinación” que tiene su administración con las Fuerzas Armadas e insistió en que “aquí actuaremos como debe ser para mantener el orden y el estado de derecho y la Ley. Aquí quien la hace, la debe de pagar”.
“El mensaje que mandamos con este operativo es que todos los grupos delincuenciales aquí no son bienvenidos, no queremos que se vengan a instalar aquí en tierra veracruzana”, señaló Javier Duarte.
Sobre el incidente en Boca del Río, Javier Duarte aclaró que ese hecho no tiene nada que ver con el ocurrido en Xalapa e informó que se trató de una rencilla familiar por la propiedad de un vehículo.
http://www.milenio.com/node/621958
viernes, 3 de diciembre de 2010
Reportaron a EU “sensación de gobierno impotente” en México

martes, 23 de noviembre de 2010
El gobierno de México, dispuesto a ajustar estrategia anticrimen: Segob

El gobierno de México está dispuesto “a hacer ajustes” a su estrategia anticrimen con el objetivo de “combatir con mayor eficacia a la delincuencia”, aseguró este martes el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora.
Durante su intervención ante la 40 reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en Veracruz, el funcionario dijo que las autoridades federales saben que “ante los retos cambiantes que impone el crimen organizado, se debe adaptar constantemente la estrategia nacional de seguridad pública”.
“El gobierno federal está decidido a hacer ajustes para combatir con mayor eficacia a la delincuencia”, señaló.
Legisladores federales, académicos y organizaciones civiles han pedido al gobierno de Felipe Calderón que modifique su estrategia para enfrentar al crimen, pues consideran que genera más violencia y no diminuye la actividad de los grupos delictivos.
Entre sus demandas está que se retire el Ejército de las calles, se combata el lavado de dinero y se promueva más el desarrollo social.
Desde diciembre de 2006, cuando asumió el poder, Calderón inició una ofensiva contra la delincuencia apoyada en las Fuerzas Armadas. El mandatario sostiene que ese combate ha dado resultados positivos, como la captura o muerte de capos del narcotráfico.
En casi cuatro años, más de 28,000 personas han muerto en acciones derivadas de la delincuencia, aunque el gobierno federal argumenta que 90% de ellas corresponde a personas relacionadas con bandas criminales.
“La seguridad es el principal reclamo de los ciudadanos, la lucha pormejores condiciones de seguridad es una tarea del Estado, que involucra a todos los actores”, dijo Blake Mora.
“La única opción ética y moralmente viable para el Estado es enfrentar el problema de la seguridad de manera integral. Y esto implica enfrentarlo hoy, con todos sus costos. Mañana puede ser demasiado tarde”, agregó.
Actualmente, el Congreso mexicano discute varias iniciativas en materia de seguridad.
Una de ellas busca crear 32 policías estatales de mando único; otra, impulsar la detección de operaciones con recursos ilícitos, y una más, definir las facultades del presidente para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
http://mexico.cnn.com/nacional/2010/11/23/el-gobierno-de-mexico-dispuesto-a-ajustar-estrategia-anticrimen-segob
sábado, 23 de octubre de 2010
El Cártel del Golfo dice que la pelea es contra Los Zetas no contra el Gobierno
jueves, 21 de octubre de 2010
MATAN A SOLDADO DE EU EN JUÁREZ

José Gil Hernández Ramírez de 21 años fue asesinado cuando se encontraba con dos acompañantes afuera de un domicilio de la colonia Revolución Mexicana; pertenecía a la Guardia Nacional de Texas
Un miembro de la Guardia Nacional de Texas fue ejecutado ayer en Ciudad Juárez por un comando armado, cuando se encontraba con dos acompañantes afuera de un domicilio de la colonia Revolución Mexicana.
De acuerdo con información de El Diario de El paso, el soldado asesinado fue identificado como José Gil Hernández Ramírez de 21 años, mientras que el otro ejecutado se identificó con el nombre de Rafael Ramírez Reza de 42 años.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) informó que Hernández Ramírez era miembro de la Guardia Nacional de Texas.
El noticiero de KVIA Canal 7 dio a conocer que, de acuerdo con un tío del soldado victimado, Hernández Ramírez residía en El Paso.
Testigos de los hechos dijeron que las víctimas platicaban frente a una vivienda y un comando armado llegó al lugar y les comenzó a disparar. Los pistoleros viajaban en un automóvil compacto y en una motocicleta.
En el lugar de los hechos se recuperaron 18 casquillos percutidos de calibre .45 y .223, lee el texto.
Familiares y vecinos de donde sucedieron los hechos dijeron a El Diario que Ramírez Reza era familiar del soldado y que ambos se dedicaban a la compra-venta de autos usados.
martes, 19 de octubre de 2010
MILITARES IRÁN A JUICIOS CIVILES

De ser avaladas estas propuestas por el Congreso, el procedimiento penal militar se deberá armonizar con la Ley Federal de Acceso a la Información Pública gubernamental; el costo de esta reforma sería de 72 millones 730 mil 84 pesos
El presidente Felipe Calderón Hinojosa presentó al Senado de la República su iniciativa para modificar el fuero militar, que considera adecuar el artículo 57 del Código de Justicia Militar para excluir de la jurisdicción castrense los delitos de desaparición forzada de personas, la tortura y la violación.
“El Estado mexicano estará armonizando su legislación interna con lo previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”, estableció el presidente Calderón.
La propuesta cumple con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin vulnerar el bien esencial que protege la jurisdicción militar, es decir, la disciplina en las fuerzas armadas, pilar de funcionamiento de dichas instituciones, justificó Calderón en la exposición de motivos.
El mandatario explicó al Senado que así se cumple la sentencia del caso Rosendo Radilla, que obliga a México a acotar la jurisdicción militar en cuando a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares, esto es, a la comisión de conductas ilícitas que atentan contra la disciplina militar.
Tribunales y prisión
Los delitos mencionados serán competencia de tribunales del fuero federal, precisa el artículo 57 propuesto por el Presidente: “Cuando de las diligencias practicadas en la investigación de un delito se desprenda la probable comisión de alguno de los contemplados en el párrafo anterior, inmediatamente el Ministerio Público Militar deberá, a través del acuerdo respectivo, desglosar la averiguación previa correspondiente, precisando las constancias o las actuaciones realizadas y remitirla al MP de la federación.
Las actuaciones que formen parte del desglose no perderán su validez, aún cuando en su realización se haya aplicado este código y con posterioridad el Código Federal de Procedimientos Penales”.
En el artículo 129, Calderón propone que los militares sujetos a proceso “deberán permanecer en prisiones militares y no podrán considerarse como tales los buques, cuarteles u oficinas militares” para salvaguardar su integridad física y “evitar que pudieran ser persuadidos para participar en los intereses de la delincuencia organizada”.
Los sentenciados a pena privativa de la libertad compurgarán sus penas en la prisión militar o cárceles del orden común o federal que determine la autoridad militar competente.
Obliga al Ministerio Público y a la nueva Policía Ministerial Militar —que actualmente se denomina Policía Judicial Militar— a realizar un registro inmediato de los detenidos.
Denuncia electrónica
La iniciativa sugiere incorporar el fax y el correo electrónico para las denuncias, por ser avances tecnológicos más rápidos, mismas que podrán ser de carácter anónimo para “incentivar” la presentación de quejas en contra de integrantes de las Fuerzas Armadas y contrarrestar la inhibición de acusaciones.
Además, Calderón sugirió que sea la Policía Ministerial Militar la que brinde protección a víctimas, ofendidos, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público Militar y de la policía en general en los casos que exista riesgo objetivo para su vida e integridad corporal.
Aumenta prescripción
De ser avaladas estas propuestas por el Congreso, el procedimiento penal militar se deberá armonizar con la Ley Federal de Acceso a la Información Pública gubernamental.
El costo de la aplicación de esta reforma sería de 72 millones 730 mil 84 pesos, según prevé la iniciativa presentada.
Asimismo, prevé aumentar la prescripción del delito de desaparición forzada hasta 35 años, para evitar la impunidad y considera la no aplicación en beneficio del responsable ni la amnistía, indulto o cualquier preliberación o sustituto de pena.
La pena propuesta para este delito es de 20 a 50 años de prisión cuando sea cometido por un servidor público, pero como también se puede imputar a particulares, y esta sería de 10 a 25 años de prisión.
http://tallapolitica.com.mx/
AI ve incompleta iniciativa para fuero militar

Amnistía Internacional señala que el Ejecutivo proponoe remitir a la justicia civil a soldados acusados sólo de tres delitos, y se preserva la justicia militar para tratar otros abusos
Amnistía Internacional lamentó que la iniciativa para reformar el fuero militar presentada al Senado ayer por el Ejecutivo sólo contempla la exclusión de algunas violaciones de derechos humanos de la justicia militar, y no cambia la forma en que las alegaciones de abusos se investigan.
La organización instó a los legisladores a alcanzar consenso en una modificación que reúna los elementos señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Sólo así el Congreso demostrará su compromiso para garantizar que no exista más impunidad en casos de abusos graves a los derechos y México cumplirá sus obligaciones en materia de derechos humanos", dijo en un comunicado.
Además de cuestiones acerca de "complicidad en abusos cometidos por otros o la desviación de la investigación penal podrían seguir siendo atendidos por la jurisdicción militar".
Es preocupante, explicó la organización internacional, el papel asignado al ministerio público militar para la determinación del delito en la investigación inicial para ser remitido a la justicia civil en caso de que se configuren los elementos del tipo penal.
"En efecto, este mecanismo puede actuar como un candado que permita bloquear la actuación de la justicia civil, incluso en los mismos delitos que quedan excluidos de la justicia militar mediante esta iniciativa".
Detalló que las tres sentencias emitidas hasta la fecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Radilla Pacheco, Fernández Ortega y Rosendo Cantú "trataban de casos en que el ministerio público militar no logró encontrar los elementos para proceder contra los implicados precisamente por los delitos de desaparición forzada, tortura o violación".
Además, en otros casos recientes documentados por Amnistía Internacional "en que miembros del ejército han estado implicados en delitos como ejecución extrajudicial, tortura y desaparición forzada", dijo, el ministerio público militar "ha negado reconocer la evidencia de dichos delitos".
"Tales casos no llegarán a la justicia civil para ser investigados y procesados de manera imparcial e independiente, razón por la cual los derechos de las víctimas seguirán siendo vulnerados", dijo AI.
Recordó que el pasado mes de septiembre Amnistía Internacional envió un memorándum al gobierno, legisladores y al Poder Judicial acerca de la obligación del Estado mexicano por cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las sentencias, dijo, son claras al requerir que la reforma al Código de Justicia Militar debe reunir ciertos criterios específicos:
- La "jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional";
- Que "en el fuero militar sólo se debe juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar";
- Que "tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria".
http://www.eluniversal.com.mx/notas/717381.html
lunes, 27 de septiembre de 2010
Ejército en calles inquieta en el extranjero: SRE

Asegura la canciller Patricia Espinosa que a la comunidad internacional le interesa el papel de las fuerzas castrenses en el tema de seguridad
La canciller Patricia Espinosa Cantellano admitió que la comunidad internacional está preocupada por la permanencia del Ejército en las calles y ve "con sorpresa" que el sistema judicial mexicano establezca atender los delitos del orden común en primera instancia por las autoridades estatales o municipales y limite así la intervención del gobierno federal.
Espinosa Cantellano dijo que aun cuando no le corresponde el tema, si tiene que explicarlo ante las inquietudes de la comunidad internacional. Y reveló que funcionarios de alto nivel siguieron "puntualmente" los Diálogos convocados por el presidente Felipe Calderón Hinojosa en agosto para abrir el debate sobre la estrategia de seguridad.
"Es visto con mucha sorpresa cuando nosotros explicamos que tenemos un sistema federal y que por tanto, la mayoría de los casos son delitos del orden común, entonces esos delitos deben ser atendidos por autoridades estatales o municipales y corresponde a esas policías, y después a los órganos judiciales locales dar ese seguimiento, y frente a eso hay capacidad limitada del gobierno federal; eso despierta mucha sorpresa", agregó Espinosa.
Al respecto, explicó la Embajadora, destacamos el diálogo que mantiene el Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión para avanzar en marcos jurídicos que regulen la actividad del Ejército en las calles y fijen la fecha de salida de los militares.
http://www.eluniversal.com.mx/notas/711895.html
domingo, 26 de septiembre de 2010
EL GOBIERNO PIDE HACER LO QUE ÉL NO PUDO: MURILLO KARAM

El senador Jesús Murillo Karam, secretario general del comité ejecutivo nacional del PRI, declaró hoy que “es verdaderamente increíble que después de cuatro años de que el Gobierno federal, sin pensarlo mucho, inició una campaña en contra del crimen organizado con todo el Ejército, la Marina y 35,000 policías federales, ahora, ante la falta de resultados efectivos, quiere que el problema sea resuelto por las autoridades estatales y municipales, algo que el gobierno federal no ha podido hacer con toda la fuerza que tiene y ha empleado”.
La declaración fue hecha después de que los medios publicaron que el dirigente nacional del PAN, César Nava, pidió a los gobernadores hacer la parte que les toca en esta lucha.
www.tallapolitica.com.mx