La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga irregulares manejos del Fondo Laboral de Pensiones (Folape) y el Fideicomiso de Cobertura Laboral y de Vivienda (Ficolavi) –actualmente, Sistema de Financiamiento de Vivienda (Sifivi)–, registradas durante la gestión de Suárez Coppel como director Corporativo de Finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuando manejó históricos ingresos que no se reflejaron en las finanzas de la petrolera. Tan sólo los excedentes petroleros sumaron más de 1 billón de pesos.
Al amparo del secreto fiduciario, figura con la que se administran los recursos de los dos fondos de Pemex, Juan José Suárez Coppel mantiene blindado su manejo a todo escrutinio, incluso el interno, pues el tema prácticamente es tabú de las reuniones del Consejo de Administración. Pese a que el dinero que administra es público, argumenta que dichos fideicomisos son “privados”. Sin embargo hoy, no sólo la SFP revisa los fondos de Pemex.
Hacia ambos fondos se han canalizado multimillonarios recursos para, supuestamente, dar cobertura a las prestaciones del contrato colectivo de trabajo del sindicato petrolero, el más caro del país, cuyo fondo de pensiones, entre el salario y prestaciones, es con mucho superior al del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Las pesquisas en la SFP apuntan a inversiones “ruinosas” en fondos carreteros y títulos de deuda hipotecaria y otras operaciones bursátiles de alto riesgo, a las que se habría destinado dinero de los fondos de pensión de los trabajadores de la petrolera, en un mecanismo similar al empleado por Juan Molinar Horcasitas, quien, como director del IMSS, invirtió las pensiones en deuda de la quebrada hipotecaria Metrofinanciera.
El caso de Pemex es mucho más grave, plantea el exprocurador fiscal Gabriel Reyes Orona, pues “generó uno de los grandes hoyos negros que hoy tienen las finanzas de Pemex”. La magnitud: “Es el quebranto del principal fondo de pensiones del país. Aunque Suárez Coppel lo ha mantenido oculto, en unos años ya no podrá esconderse, simplemente estallará el problema”.
Por instrucciones de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realiza también auditorías, cuyos resultados se darán a conocer en febrero próximo.
La diputada Esthela Damian Peralta, presidenta de la Comisión, adelanta a Contralínea que las auditorías evidencian que el dinero de Pemex “se está manejando cada vez con menos transparencia. Es decir, “hay más corrupción y menos rendición de cuentas”. Agrega que “los resultados que tenemos hasta ahora son muy delicados en materia de corrupción. Se están presentando graves inconsistencias”.
Al subrepticio manejo que Juan José Suárez Coppel hizo de los fondos de Pemex como director Corporativo de Finanzas –en los años de la bonanza petrolera– y actualmente como director general, se atribuye parte del colapso al que, según el senador Francisco Labastida, se enfila la petrolera.
La denuncia pública de Francisco Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, de que Pemex se enfila hacia un colapso, encendió la alerta en el Legislativo para urgir una revisión de las finanzas de la paraestatal; azuzada también por las declaraciones de Juan José Suárez Coppel de que, por primera vez en su historia, Pemex comienza a importar crudo.
Fideicomisos privados
El Ficolavi fue constituido como fideicomiso en 1989, identificado con el número F/21042 o F/21042-7, con Pemex como fideicomitente, diversos trabajadores sindicalizados (jubilados y activos) como fideicomisarios y Santander como fiduciaria –posteriormente se cambió a BBVA Bancomer.
El Folape fue constituido como fideicomiso (F/29564) el 1 de junio de 1998 por Pemex y sus organismos subsidiarios, como fideicomitentes, y Bancomer, SA, como fiduciario. Éste concentra transferencias presupuestales destinadas a las jubilaciones, transferencias del fondo de compactación y los ingresos por la venta de activos improductivos, entre otras fuentes de ingreso.
Según las reglas de operación de los fideicomisos, el traslado de recursos a inversiones o proyectos ajenos a su naturaleza contraviene la normatividad, lo que implica responsabilidades administrativas tanto de los funcionarios que lo autorizaron como de quienes han dado visto bueno a este tipo de operaciones, explica el diputado Mario Di Costanzo, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
“Implica también la violación a la Ley Orgánica de la Administración Pública”.
El expediente de la SFP destaca la compra de títulos carreteros adquiridos para financiar, a cuenta de Pemex, obras carreteras privadas que entraron al esquema de privatización de Carlos Salinas de Gortari; refinanciadas luego con dinero del erario por Ernesto Zedillo y Vicente Fox mediante el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac), y que hoy nuevamente reprivatiza Felipe Calderón.
Conocido como el “Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro) carretero”, dicho rescate fue ideado por Francisco Gil Díaz (exjefe de Juan José Suárez Coppel en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), cuando los principales beneficiados con la privatización argumentaban que, derivado de la crisis de 1994, no podían sostener sus costos financieros de los créditos que contrajeron al otorgárseles las concesiones. Se declararon en suspensión de pagos para que el gobierno federal se hiciera cargo de su deuda, convirtiéndola en la segunda deuda pública más grande, después del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (antes Fobaproa).
El Farac se constituyó en agosto de 1997 en el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), en su doble carácter de fiduciario y fideicomitente, con el número F/1936. Su objeto: cubrir la indemnización a los concesionarios y administrar los recursos provenientes de los caminos y puentes rescatados, explotar, administrar y operar las autopistas de cuota rescatadas, así como emitir títulos de crédito para solventar las obligaciones del rescate carretero.
Operación Autopista del Sol
Una evidencia del desvío de recursos del fondo de pensiones de Pemex (contenido en el expediente de la SFP) es el dinero trasladado al Fideicomiso 5239-3, que el 28 de julio de 1989 constituyó en Banca Serfín el Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), para “la construcción, explotación, conservación y mantenimiento” de la Autopista Cuernavaca-Acapulco, conocida como la Autopista del Sol.
El 30 de agosto de 1989, GMD firmó, a través de Banca Serfín como fiduciario del fideicomiso 5239-3, un convenio de concertación con las empresas Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y Triturados Basálticos y Derivados, principales beneficiarias de la privatización en los sexenios salinista y zedillista, y posterior rescate carretero. Con estas mismas, el 3 de mayo de 1991, Pemex firmó un convenio de concertación de acciones.
Posteriormente, el 18 de junio de 1991, Pemex firmó un convenio de adhesión al fideicomiso 5239-3, en el cual Banca Serfín era la responsable de ejercer los derechos del cobro de peaje, administrar las utilidades del proyecto y recibir los recursos para la construcción y mantenimiento.
La construcción de la Autopista del Sol concluyó en 1993; fue inaugurada por Carlos Salinas de Gortari y su cuñado José Francisco Ruiz Massieu, gobernador de Guerrero. Pero la inyección de dinero de Pemex a esta obra privada, que cobra uno de los peajes más caros del mundo, no generó ninguna ganancia a la paraestatal. Por el contrario, poco después de que se puso en marcha, el 22 de junio de 1994, Pemex y el Ficolavi firmaron un convenio de cesión de derechos. Todas las operaciones descritas se hicieron en absoluto secretismo.
En 1997, tras el decreto oficial del rescate carretero, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de agosto de ese año, las constructoras asociadas en la Autopista del Sol fueron incluidas en el padrón de beneficiarios; nunca se habló del capital accionario de Pemex.
Durante su gestión como director Corporativo de Finanzas, Juan José Suárez Coppel recibió la instrucción de la contraloría interna para gestionar la reincorporación de esa inversión a los fondos de Pemex, y de muchas otras adquisiciones o acciones en similares fondos carreteros. Nunca lo hizo, incluso, la SFP recibió denuncias en su contra por tal incumplimiento (expediente SO/043/07).
En cambio, Banca Serfín emprendió un litigio contra la paraestatal por incumplimiento de las reglas del fideicomiso. Bajo el argumento litigioso, Suárez Coppel blindó por 12 años toda la información relacionada con la participación de Pemex en el F-5239-3.
Durante la expropiación del gobierno para el rescate carretero, la banca privilegió los derechos de GMD y sus socios ICA y Triturados Basálticos, y dejó fuera a Pemex a pesar de ser una de las principales accionistas en la Autopista del Sol. Tan sólo por esta inversión, las pérdidas estimadas ascienden a más de 1 mil 300 millones de pesos.
La mano de Gil Díaz
Gabriel Reyes Orona, exprocurador fiscal, dice que al asumir la Dirección Corporativa de Pemex, Juan José Suárez Coppel encubrió el desvío del dinero de los fideicomisos a las inversiones ruinosas de los fondos carreteros, porque éstos eran manejados desde la Secretaría de Hacienda por Francisco Gil Díaz. Entre 1988 y 1994, cuando se gestó la privatización y luego el rescate carretero, Gil Díaz fungía como subsecretario de Hacienda.
Artífice de la creación de numerosos fideicomisos para manejar los recursos públicos sin rendir cuentas y escudándose en el secreto fiduciario ya como secretario de Hacienda, Gil Díaz es pieza clave del secretismo en el manejo del dinero del Ficolavi y Folape en la bonanza petrolera de Vicente Fox.
En ese periodo (2001-2006), Gil Díaz tuvo voz y voto como titular de Hacienda y a la vez integrante del Consejo de Administración de Pemex, y también a través de su excoordinador de asesores, Suárez Coppel, a quien en febrero de 2001 le encargó el manejo financiero de Pemex.
En Banobras, fiduciario y fideicomitente del fondo carretero, fungía además como presidente del Consejo Directivo.
Suárez Coppel trasladó a la paraestatal el mismo esquema de multiplicidad de fideicomisos, traducidos en multiplicidad de cuentas inauditables. Por ello, Mario Di Costanzo atribuye precisamente a Suárez Coppel la “quiebra financiera” de Pemex.
Para administrar el dinero del Ficolavi, Suárez Coopel lo hizo mediante 11 fideicomisos que operaron, según información de Pemex, entre 2001 y 2006; en algunos de ellos Pemex sólo participó como fideicomisario, y en otros, como fideicomitente. Todos con BBVA Bancomer como institución fiduciaria. Banco en el cual, recientemente, Gil Díaz se integró como miembro del Consejo de Administración.
La misma política continuó en su temporal salida de la paraestatal (entre octubre de 2006 y septiembre de 2009), pues Súarez Coppel dejó en su cargo a su sobrino Esteban Levín para después volver como director general.
El exprocurador fiscal Gabriel Reyes Orona dice que Suárez Coppel echó mano de los recursos de los fideicomisos para enviarlos a fondos de inversión y títulos chatarra en los cuales, precisamente, Gil Díaz tenía interés.
—¿Supone corrupción? –se le pregunta al presidente de la asociación civil Transparencia Nacional.
—En este tipo de negocios, lo común en el mercado es que el rescatado, a través de diferentes mecanismos, paga comisiones a quienes les ayudaron a colocar los instrumentos chatarra. Si alguien te puede vender los instrumentos chatarra, les pagas una muy buena comisión, y aquí lo importante será saber quién ha sido el intermediario en estos instrumentos y operaciones chatarra y a quién se le han pagado las comisiones.
Contralínea solicitó a Juan José Suárez Coppel una entrevista para que explicara las inversiones que ha hecho de los fondos de los trabajadores de Pemex. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Complicidad sindical
El secretismo en el manejo de los fondos de pensiones de Petróleos Mexicanos (Pemex) no podría entenderse sin la responsabilidad del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
Mario Di Costanzo, analista experto en materia de fideicomisos, refiere que ello se debe “a las operaciones irregulares que hay entre la empresa y el sindicato” y al uso que Romero Deschamps ha dado también a los recursos, “como el financiamiento de campañas electorales o gastos del sindicato que no se revelan”, y que han generado una virtual quiebra en el sistema de pensiones de Pemex.
Gabriel Reyes Orona, por su parte, asegura que, de tales fondos, la dirección de Pemex ha signado con el STPRM infinidad de convenios más onerosos que el que le valió la inhabilitación a Raúl Muñoz Leos para ejercer cargo público durante 10 años, por firmar con el Sindicato Petrolero el convenio 10275/2004 para trasladarle 800 millones de pesos. El dinero se trasfirió precisamente mediante la caja de los fondos laborales.
En una somera revisión que hizo a algunas de las operaciones administrativas del Fondo Laboral de Pensiones 2004, la ASF le advirtió a Suárez Coppel que no estaba fondeando adecuadamente los recursos; por ello, le adelantó el auditor Superior de la Federación, aún en el largo plazo, dicho fideicomiso no se capitalizaría “adecuadamente”.
Entre otras anomalías, la Auditoría Superior de la Federación observó que la utilidad de algunas operaciones se empleaba en el gasto corriente de Pemex y para cubrir subejercicios. Por ello, citó la auditoría, “el problema se puede convertir en explosivo en el futuro si continúa la jubilación acelerada de personal, dada la edad promedio de la plantilla laboral actual”.
Y es que, por esas fechas, comenzaron a registrarse graves problemas financieros debido a las cuantiosas jubilaciones anticipadas impulsadas por la dirección de Pemex como parte del proyecto de la privatización de actividades primordiales para la petrolera, por el que se plantea adelgazar la plantilla laboral con la baja de 30 mil trabajadores, entre sindicalizados y de confianza.
Despidos y jubilaciones consensuadas también por la dirigencia del SNTPRM, pues a quienes la directiva de Pemex ha despedido son a los petroleros disidentes o quienes han pretendido ejercer su derecho constitucional a la libre asociación sindical.
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