Especialistas aseguran que el problema inmediato sería que al menos 14 estados de la Unión Americana apliquen normas antiinmigrantes similares a la de Arizona
GLa entrada en vigor de la Ley SB1070 puede traducirse en un desastre humanitario. En Arizona imperaría el racismo y violaciones a derechos humanos, en un estado que no tiene la capacidad de confinar a cientos de detenidos para su deportación; las familias serían separadas y el extranjero que sea forzado a regresar a su país de origen perdería todos sus bienes, advierten organizaciones civiles de Estados Unidos, líderes migrantes y grupos defensores.
Coinciden con expertos en que el gobierno de México no está preparado para enfrentar esta situación, y ni siquiera, se conoce un plan de contingencia diseñado en caso de que se aplique la norma el 29 de julio próximo. Al respecto, se consultó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y sus autoridades fijaron la postura: “No anticipar escenarios sobre lo que podría o no suceder”.
Otros especialistas aseguran que el problema inmediato sería que al menos 14 estados de la Unión Americana apliquen normas antiinmigrantes similares, pero no anticipan un panorama de catástrofe y creen que el gobierno mexicano tiene la capacidad para hacer frente al problema, incluyendo ofrecer trabajo a deportados.
El 23 de abril pasado, la gobernadora de Arizona, Janice K. Brewer, firmó la norma que criminaliza la migración indocumentada, lo que derivó en que organizaciones civiles de Estados Unidos presentaran una demanda ante la Corte Federal y una decena de países de América Latina se sumaran con México, bajo la figura de “Amigo de la Corte”, para presentar argumentos contra su aplicación ante la juez.
También el gobierno de Barack Obama la impugnó el 6 de julio, por ser anticonstitucional, ya que el tema migratorio es facultad exclusiva del gobierno federal. Aunque el riesgo de aplicarse es latente.
Demandantes: Arizona no está lista
Iván Espinoza-Madrigal, abogado de la organización Fondo Mexico-Americano para la Defensa Legal y Educación (Maldef), una de las que demandó al estado de Arizona con el fin de frenar la aplicación de la SB1070, explica que nada obliga a la juez de la causa a emitir su fallo antes del 29 de julio, y existe el riesgo de que entre en vigor, aunque hay confianza en que la resolución permitirá pararla, porque “jurídicamente hay un caso sólido”.
Sin embargo, advierte que si la juez falla a favor de la norma “Arizona será un estado trágico ante las acciones de discriminación contra cualquier extranjero, lo que importará en un primer momento será la apariencia, no el estatus migratorio, como motivo de detención”. El impacto es difícil de cuantificar. La ley afectará a millones de personas y no sólo al más de medio millón de indocumentados que el gobierno de Arizona asegura que están en su territorio, al aplicar el perfil racial todo el que es diferente estará bajo sospecha.
El escenario se agrava, apunta, ante posibles capturas y deportaciones masivas, pues no se sabe cuánto tiempo estarán detenidos —un día o un año—. Además, los condados y el estado no tienen la capacidad para mantener a cientos de detenidos en instalaciones antes de repatriarlos.
“Autoridades de Tucson presentaron una declaración ante la Corte de que no cuentan con la infraestructura para tener en sus centros de detención o prisiones a cientos de personas por horas o semanas, y esto también elimina las mínimas garantías de defensa de los detenidos”.
Es preocupante, dice, que “en el transcurso habrá familias separadas, los migrantes tendrán miedo de enviar a sus hijos a la escuela, no querrán ir a los hospitales ni buscar otros servicios, se interrumpirá el comercio ante el temor de la población a acudir a un negocio ante el riesgo de ser detenido, en tanto se demuestra el estatus migratorio”.
En este escenario, Espinoza-Madrigal, consideró que “ningún país está preparado para absorver el volumen de deportados y darles empleos”.
Maldef representa a 14 organizaciones, entre prestadores de servicios a la comunidad, comercios o negocios, iglesias, sindicatos laborales, defensores de derechos civiles, comunidades latinas y asiáticas, que serán afectadas por la ley. “Esperamos que la resolución salga a nuestro favor (…) uno de los argumentos jurídicos más sólidos es que la Ley Arizona no puede usurpar los poderes federales en materia de migración”, y en este sentido es similar a la que formuló ante la misma Corte Federal el Departamento de Justicia alegando la inconstitucionalidad de la ley, detalla.
La demanda de Maldef es más amplia: adiciona argumentos como el que la ley es discriminatoria y puede afectar las relaciones internacionales o exteriores, por lo que “ha sido muy importante para apoyar este litigio el que México se haya sumado a la demanda como tercera parte interesada bajo la figura de “Amigo de la Corte” y que una decena de países de la región también busquen sumarse”.
Los despojan de todo
Prisciliano Peraza, el sacerdote católico que dirige el Centro Comunitario de Atención al Migrante Necesitado, en Altar, Sonora, sostiene que el gobierno mexicano no podrá ofrecer la ayuda a todos los deportados si se aplica la SB1070, “eso no ocurre hoy, mucho menos si los regresan de forma masiva, tampoco veo que se les pueda dar trabajo y vivienda en sus lugares de origen, de los que salen por la falta de oportunidades”.
A diario su albergue atiende de 25 a 30 deportados de Nogales, Arizona. “Son los que la Patrulla Fronteriza ‘tira’ en la frontera, muchas veces golpeados, deshidratados por golpes de calor, o también dejan a menores solos y mujeres en plena madrugada, los botan sin un peso para sobrevivir, los despojan de todo”.
Ahí les dan alimentos, ropa y una tarjeta telefónica para pedir ayuda a sus familiares. Algunos se quedan tres días, pero hay quienes tardan hasta un mes y medio pues deben reunir dinero para regresar a sus lugares de origen o intentar regresar a Estados Unidos.
Micaela Saucedo, quien dirige la Casa Refugio Elvira —en Tijuana—, dice que la historia es la misma en toda la frontera. Los deportados “regresan peor que como se fueron, pues muchos así como los agarran, con lo que llevan puesto son enviados de regreso, los ahorros de su trabajo, sus propiedades, la familia se quedan del otro lado”. Eso ocurre sin que el gobierno les ofrezca protección eficiente; está convencida que mucho menos podrá hacerlo si entra en vigor la Ley Arizona.
Para Julie Contreras, comisionada de la League of United Latin American Citizens (Lulac), una de las redes de defensa de migrantes más grandes de Estados Unidos, no hay duda: “podríamos estar frente a un desastre humanitario”. El mayor riesgo es que las familias serán separadas, que los padres sean deportados y los menores queden en el desamparo, por lo que se prepara un plan de acción para darles refugio en iglesias, aunque sin duda el daño sería irreparable.
Carlos Villanueva, presidente de la Asociación Mundial de Mexicanos en el Exterior, indica que el mayor daño social lo resentirán los migrantes por el riesgo de ser separados de sus familias, “pero también porque perderán todo por lo que han trabajado” sus cuentas bancarias, propiedades, sin importar si tienes uno o 20 años en ese país.
Señala que podrían realizarse gestiones consulares —trámites que no son muy comunes— para hacer transferencias bancarias, cartas poder para la venta de inmuebles y que los deportados recuperaran parte de sus recursos, aunque eso requeriría de una estrategia del gobierno mexicano para enfrentar los posibles efectos de la ley SB1070, “aunque no vemos que exista un plan de contingencia”.
Urge plan de México
Elvira Arellano, quien luchó ante tribunales de EU en 2007 para impedir su deportación y fuera separada de su hijo, sabe que “el gobierno mexicano no está preparado para asistir a los paisanos que viven en Arizona, no es suficiente con saber que están los consulados, pues la experiencia nos hace no tener confianza en esas autoridades, al final cuando te botan en la frontera estás solo y sin nada”.
Enrique Morones dirigente de los Ángeles de la Frontera y José Luis Arzola, ex presidente del Consejo Consultivo del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME) de la Cancillería, coincidieron en que el gobierno mexicano no ha tenido la capacidad de brindar la protección suficiente para las deportaciones que se registran actualmente sin ley SB1070, tampoco lo estará si llegan a ser masivas, por lo que se necesita diseñar una estrategia ante los posibles efectos de la ley.
El ex representante de México ante Naciones Unidas, Enrique Berruga, señala que no hay indicios de que el gobierno federal esté preparando o tenga listo “un plan B” ante el escenario planteado por los activistas. “No veo que el gobierno mexicano esté atendiendo alguno de estos temas, ni siquiera hay un pronunciamiento que diga en general: paisanos, si llegara a ponerse en vigor esta ley, sepan que tendrán la protección del Estado mexicano, que ponga un número de atención”.
Aunque José Miguel Vivanco, presidente para las Américas de Human Rights Watch, reveló que el 12 de julio se reunió con el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhan —a petición del diplomático—, “con el propósito de conversar y prepararnos para una eventual entrada en vigor de la Ley Arizona”.
La impresión que le dejó la reunión fue que “es prioridad para México lo que esté ocurriendo en Arizona, se ha puesto las pilas y está preparado desde el punto de vista de recursos materiales y de personal de todos los consulados, que han sido reforzados, para estar muy atentos a cualquier reclamo o denuncia que se suscite y documentar casos de abuso, ante la eventual entrada en vigor de la ley”.
Reconoció que “dada la gravedad de lo que pueda ocurrir, ya que esta es una ley que no se puede implementar sin violar derechos humanos, pues se hará sobre la base de prácticas de discriminación racial, la ley no permite otro camino”, HRW analiza enviar observadores a Arizona para dar seguimiento puntual a lo que ocurra ante un problema que puede ser masivo.
Aunque René Martín Zenteno, secretario general académico del Colegio de la Frontera, indicó que no se conoce un plan de contingencia del gobierno mexicano, pero “no vislumbro un escenario catastrófico”, pues considera que la aplicación de la SB1070 será gradual y se podrán tomar medidas de protección para migrantes.
El ex embajador de México en Estados Unidos, Jorge Montaño, indica que el riesgo grave de esta ley es que otros estados apliquen normas similares.
“Es factible que México sea de los pocos países que estaría en posibilidades de dar la asistencia necesaria a sus connacionales que tengan problemas, por su red de 50 consulados, y tiene una economía que es capaz de absorver un retorno que tampoco sería de cantidades industriales. Creo que México si tendría, en lo que sería el primer impacto de esta legislación, capacidad para responder. No hay que caer en el tremendismo”.
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