Activistas advierten que en la frontera norte bandas los reclutan por dinero o los obligan bajo amenazas a volver a cruzar hacia Estados Unidos con cargas de droga o para guiar a ilegales
Ellos son obligados a pasar droga a Estados Unidos, otros reciben alrededor de 500 dólares semanales de las redes de polleros para guiar a indocumentados por el desierto, son niños y adolescentes utilizados así por el crimen organizado a lo largo de toda la frontera. Son carne de cañón.
Un informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre el fenómeno de la migración de menores de edad no acompañados revela que solamente durante el primer semestre del presente año, 8 mil 340 niños y jóvenes mexicanos fueron detenidos y repatriados de Estados Unidos; de ellos, 261 (3.14%) reconocieron que migraron para traficar drogas y personas, una tendencia que va en aumento desde 2008.
De acuerdo con el documento elaborado por la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior de la SRE, en 2008 un total de 173 menores que fueron repatriados de EU declararon que migraron para traficar estupefacientes o para colaborar con las bandas dedicadas al tráfico de indocumentados.
Para 2009 las cifras revelan que las organizaciones criminales emplearon a un mayor número de niños y adolescentes para sus operaciones: se repatriaron 295 menores que aceptaron su participación en estas actividades.
La tendencia de utilizar a estas personas sigue en aumento. El informe de la SRE sobre la repatriación de infantes migrantes de enero-junio de este año señala que sólo en esos seis meses 261 menores cruzaron a territorio estadounidense para traficar drogas y personas, lo que se traduce en 34 casos menos de todos los detectados el año pasado.
Activistas que trabajan con menores migrantes en el norte del país alertan que ya sea por paga o bajo amenazas, en los últimos años el crimen recurre a reclutar a estas personas, pues la apuesta es que si mueren en la operación su pérdida no afectará a la estructura o si son detenidos, los castigos son mínimos.
Samuel González, ex asesor regional del programa global contra el crimen organizado de la Oficina Nacional contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas, señala que se trata de un hecho dramático y podría clasificarse como un crimen de lesa humanidad, que evidencia que el Estado mexicano incumple acuerdos internacionales al no proteger a estos infantes.
Prisciliano Peraza, sacerdote católico que dirige el Centro Comunitario de Atención al Migrante Necesitado, en Altar, Sonora, en entrevista reconoce que a pesar de los esfuerzos institucionales del DIF o de las organizaciones civiles por proteger a los menores que son repatriados de Estados Unidos, éstos siguen siendo reclutados por redes criminales.
“No son suficientes los albergues y en las calles los agarran, son presa fácil junto con las mujeres, que son el sector más vulnerable de la migración”, destaca el párroco. No duda: “Se convierten en carne de cañón y el fenómeno es cada vez más frecuente; los menores son reclutados por dinero en algunos casos, pero en otros son obligados bajo amenazas a cruzar de nuevo la frontera con remesas de droga”.
Centenares son reclutados
Uriel González, coordinador de las Casas YMCA de Menores Migrantes ubicadas en Tijuana, Agua Prieta, Piedras Negras y Ciudad Juárez, dice que a lo largo de la frontera es innegable el reclutamiento de menores por parte del crimen.
Detalla que el fenómeno ha sido detectado desde 2005, inicialmente en el área de Nogales y Agua Prieta, Sonora, los principales puertos de repatriación de menores desde EU, pero “esta misma forma de operación se ha expandido hacia otras zonas fronterizas como Ciudad Juárez, Chihuahua, y a Tijuana, Baja California, por ser los puntos más concurridos para el tráfico y el cruce fronterizo”.
Sólo en Tijuana, revela, se ha identificado una centena de jóvenes que participan en estas actividades, la mayoría de familias disfuncionales que reciben de 400 a 500 dólares por semana por colaborar con los traficantes de personas; “tomando en cuenta la situación económica, este ingreso de 2 mil dólares que ellos llevan a casa es un factor importantísimo para que participen en estas operaciones”.
González Pérez reconoce que “si tomamos en cuenta que son 19 puntos de repatriación autorizados a lo largo de la frontera, y sólo hay participación en Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Agua Prieta, Juárez y Piedras Negras, hablamos de que las organizaciones civiles tenemos 50% desprotegido. Hay iniciativas gubernamentales de establecer módulos de atención, pero económicamente es un plan difícil de concretar”.
Lesa humanidad
El también ex subprocurador de delincuencia organizada, Samuel González, indica que estos datos son relevantes, pues confirman la utilización de menores por parte del crimen organizado.
Considera que “el que se permita o se tolere que los niños sean utilizados para este fin tiene consecuencias graves en materia de responsabilidad internacional del país. En el asunto de los migrantes asesinados estamos en un nivel de crimen de lesa humanidad, y aquí con todo este fenómeno también, porque la utilización de niños para traficar es un hecho dramático que te dice que el Estado mexicano está incumpliendo los tratados internacionales, tendría que haber una investigación muy seria al respecto”.
La existencia de esto, dijo, obliga a sancionar a los responsables con base en la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
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