El gobierno federal de EU entabló la querella en el Tribunal de Distrito en Phoenix; sostiene que la nueva legislación -que está por entrar en vigencia a fines de este mes- representa una usurpación de funciones federales.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el martes una demanda para impugnar la constitucionalidad de una nueva ley de Arizona que criminaliza a los inmigrantes indocumentados.
El gobierno entabló la querella en el Tribunal de Distrito en Phoenix.
El Departamento de Justicia sostiene que la nueva legislación de Arizona —que está por entrar en vigencia a fines de este mes y que prevé que policías locales y estatales interroguen e incluso arresten indocumentados durante la aplicación de otras leyes, como revisiones de tránsito— representa una usurpación de funciones federales.
La medida federal era esperada desde hacía varias semanas. El presidente Barack Obama ha tachado la nueva ley de Arizona de desorientada.
Los simpatizantes de la legislación, en cambio, creen que es una reacción razonable frente a lo que perciben como una falta de acción federal frente a la inmigración sin papeles.
El anuncio fue hecho el mismo día que una encuesta de USA Today/Gallup indicó que los estadounidenses están divididos sobre si el gobierno debe enfocarse en detener el flujo de inmigrantes indocumentados (50% de los encuestados) o si debe desarrollar un plan para ver que hacer con los que ya están en el país (45.
El sondeo realizado el mes pasado señala que el 62% de los estadounidenses es más propenso a creer que los indocumentados son una carga para el estado mientras que el 32% cree que estos inmigrantes cumplen con sus responsabilidades impositivas.
En general, sin embargo, el 64% de los encuestados calificó el tema de inmigración ilegal como "extremadamente serio" o "muy serio", sólo debajo de asuntos como la deuda federal, terrorismo, costos de salud y desempleo.
Tamar Jacoby, presidente de la organización activista ImmigrationWorks, opinó que aunque la ley de Arizona es "una abominación", la demanda presenrada el martes por el gobierno federal es una "jugada peligrosa" que podría terminar haciendo más daño que bien.
"El país ya está dividido en dos sobre la ley de Arizona, tanto que ambos lados no pueden escucharse ni entenderse, y la demanda del gobierno sólo atizará las llamas del debate", dijo Jacoby en un comunicado.
"Sólo el gobierno federal puede arreglar lo que está mal con la inmigración, pero no con una demanda. Lo que se necesita es una reestructuración balanceada, bipartidista que esté respaldada por un consenso nacional. El gobierno debería enfocarse en desarrollar un consenso migratorio, no en exacerbar una división creciente ni eliminar las posibilidades de un acuerdo negociado", agregó.
Empero, otros activistas vieron la intervención federal con buenos ojos.
"Vemos la demanda hacia Arizona como un importante primer paso de nuestro país rumbo a la lucha permanente contra el racismo y la intolerancia", afirmó Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, con sede en Los Angeles.
"Hoy el gobierno federal reafirma su derechos a hacer cumplir, aplicar y defender las leyes federales", agregó.
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