Una caída fuerte de la participación ciudadana y un incremento del abstencionismo en las elecciones del 4 de julio, principalmente en Tamaulipas, podría ser el efecto del reciente asesinato del candidato priista a la gubernatura de ese estado, Rodolfo Torre, consideró Carlos Lugo Galera, académico de la Universidad Iberoamericana.
“La gente, al mirar sucesos como éste, comienza a entrar en pánico y a lo mejor muchas personas deciden quedarse en sus casas antes ‘que salir a dar la vida por un voto’”, señaló el profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas.
La reunión de la cúpula priista tras conocer el suceso y en el posterior servicio fúnebre, agregó, fue una reacción natural en el sentido de que asesinaron a uno de sus mejores candidatos a gobernador, por lo que en el PRI aún se diserta qué estrategia usar para los comicios del próximo domingo y si hay posibilidades de tener otro aspirante diferente.
“El crimen, que seguramente estaba bien planeado y se tenía muy estructurado, pareciera que no fue sólo para eliminar al candidato, sino también para hacer un llamado a la clase política por parte de los grupos del narcotráfico, muy probablemente los autores del asesinato, como hace suponer el modus operandi, quienes están molestos por los operativos de combate a la inseguridad y que quisieron mandar un mensaje a los cuerpos de seguridad del país”, abundó.
Respecto al pronunciamiento del presidente Felipe Calderón Hinojosa, el politólogo de la UIA comentó que asumió su responsabilidad de jefe de Estado, independientemente de que haya sido un candidato de otro partido, pues su deber era presentarse y dejar en claro que su gobierno no cejará en sus políticas de combate al narcotráfico.
Sin embargo, Lugo Galera opinó que se deben repensar las estrategias y buscar otras formas de combatir a la delincuencia, quizá no con el combate directo, sino con la prevención (del consumo de drogas) y con políticas públicas de creación de empleos y de más escuelas para los jóvenes.
Asimismo, se debe evitar lo más posible la corrupción en la impartición de justicia, pues de no hacerlo no existirán los indicadores mínimos que den la certidumbre que se llevarán a cabo los actos de justicia para aquellos a quienes les fueron violados sus derechos.
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