Desvían estados recursos

En 2009, los estados de la república hicieron mal uso de 37 mil 759 millones de pesos, que son parte de las transferencias de recursos federales a programas locales de desarrollo, salud, educación, seguridad e infraestructura, entre otros.

Según los resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2009, hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los estados y municipios son un área cada vez más opaca, con más irregularidades, y que concentran el mayor número de observaciones.

Según la Matriz de impactos de la fiscalización del total de auditorías practicadas por las unidades de fiscalización de las Legislaturas estatales, San Luis Potosí fue el estado con más irregularidades en 2009, pues obtuvo 4 mil 721 observaciones —de 18 mil 797 totales—, es decir, 25% de las anomalías detectadas en todo el país.

A San Luis Potosí lo siguieron Yucatán, Tabasco, Hidalgo y Estado de México. En contraste, las entidades con menos observaciones son Querétaro, Jalisco, Puebla y Veracruz.

Entre los fondos con más solicitudes de recuperaciones económicas está el de Educación Básica, con un requerimiento por 19 mil 655 millones de pesos, de los cuales ya se solventaron 3 mil 619 millones de pesos y faltan por reintegrar 16 mil millones.

En ese rubro, la ASF reportó pagos irregulares a trabajadores “comisionados” adscritos a secciones sindicales; a personas que de manera simultánea desempeñan un cargo de elección popular; “en demasía” a personal con sólo un nivel de carrera; a personal no localizable, y a la nómina en áreas de educación superior.

Por ello, el órgano fiscalizador recomendó “definir con precisión las remuneraciones extraordinarias que los gobiernos locales pueden acordar en sus negociaciones laborales, a fin de que dispongan de un marco regulatorio específico y (que) estén vinculadas a indicadores de desempeño, evaluaciones de resultados y calidad educativa, con el soporte legal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la de Educación Pública”.

Subejercicio en seguridad

En el caso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas —que históricamente es robustecido por los diputados federales para favorecer a sus gobernadores—, se detectaron 5 mil 621 millones de pesos por gastos duplicados, carencia de documentación comprobatoria e inexistencia de controles.

“Se destinaron recursos para el pago de intereses, comisiones o gastos de la deuda, sin acreditar que con ello se fortalecían las finanzas de las entidades; se hicieron gastos indirectos que rebasaron lo autorizado en la norma, y se destinaron recursos para el pago de jubilaciones y pensiones sin acreditar legalidad”, dice el informe.

Otro caso, de los 15 fondos estatales observados, es el de Aportaciones para los Servicios de Salud, en el que la ASF pidió reintegrar mil 684 millones de pesos —de los cuales se reintegraron 564.4 millones de pesos— que fueron mal administrados por el pago de comisiones sindicales; a médicos que no acreditan especialidad; a compra de medicamentos sin contratos o procesos de adjudicación; a la distribución extemporánea de medicamento, y por la existencia de medicamentos próximos a caducar o de nulo uso en el servicio público.

En cuanto a los fondos estatales asignados a seguridad pública, la ASF etiquetó 635 millones 300 mil pesos como recuperables, de los cuales ya se devolvieron 144 millones 300 mil pesos.

Según la ASF, y contrario al clima de violencia que se vive en México, los estados sólo ejercieron 65% de los recursos federales asignados, y algunos rubros los dejaron hasta en 15% de aprovechamiento.

“No se actualizaron las bases de datos de vehículos, licencias, policías, ex policías, reclusos, custodios, peritos, Ministerios Públicos y registros de armamento. No todos los policías que presentaron evaluaciones sicológicas de entorno social, poligráficas, médicas y toxicológicas acreditaron sus bases.

“No se evaluó el grado de cumplimiento de objetivos y metas alcanzados, lo que se suma al incumplimiento de las metas comprometidas en el Eje Plataforma México”, dice la ASF.

Los fondos menos observados fueron el de Gasto Federalizado, con 2.7 millones de pesos, y el de Infraestructura Local, por 4.1 millones de pesos.

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LOS SEIS GASTOS MÁS CUESTIONADOS DE AMALIA GARCÍA

Desvío millonario

El nuevo gobierno de Zacatecas a cargo del priísta Miguel Alonso revisó el 2% de erario que manejó la pasada administración encabezada por la perredista Amalia García.

En total se efectuaron 23 actos de fiscalización a distintas áreas, programas y períodos que arrojaron irregularidades cercanas a 1,200 millones de pesos.

Compras adjudicadas directamente, anomalías en facturas, pagos y contratación de créditos, son algunas de las irregularidades detectadas que hacen presumir corrupción en el empleo de los recursos públicos.

El ejercicio de revisión lo llevó a cabo el Contralor Interno del estado, Guillermo Huízar Carranza, quien advirtió que se trata del inicio de una serie de auditorías programadas a lo ejercicios fiscales.

Huízar manifestó que los involucrados en el presunto mal manejo de los recursos públicos, serán notificados en su domicilio para que en el plazo que otorga la ley, esgriman los argumentos y presenten las pruebas que a su derecho convengan.

Aquí un extracto de los principales señalamientos.

Año de Hidalgo

Un par de meses antes de dejar la administración, el gobierno de Amalia García contrató un crédito por 300 millones de pesos ante una institución financiera, con plazo a pagar el 25 de agosto de 2010.

Debido a que no se cubrió el adeudo en tiempo, los intereses generados ascienden actualmente a 5 millones 595,000 pesos.

La morosidad del crédito provocó que calificadoras internacionales, bajaran la calificación crediticia del Gobierno de Zacatecas, lo que encarece la contratación de futuras deudas.

La dependencia documentó 92 préstamos a particulares otorgados desde la Secretaría de Finanzas, a personas físicas y morales por un monto total de 368 millones 300,000 mil pesos.

"No hay atribuciones legales para realizar este tipo de préstamos, en ningún caso se pactan intereses ni se solicitan garantías y, finalmente, en ninguno de los 92 expedientes revisados hay acciones de cobranza", agregó el contralor.

En este mismo apartado, la contraloría consignó que del uno de enero al 12 de septiembre de este año, se amplió el presupuesto de las dependencias por un monto total de 3,396 millones de pesos, contraviniendo disposiciones de la ley estatal.

Mezcal para la familia

En los archivos estatales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que dirigía entonces Claudia Corichi, hija de la ex gobernadora Amalia García, se encontró una factura a nombre de Real del Jalpa, que avala la adquisición de 3,448 botellas de mezcal Don Antonio Aguilar, por un importe de 999,920 pesos.

"La compra de referencia se realizó de manera directa y no ha habido forma de ubicarla en ninguno de los programas del Sistema DIF", afirma la contraloría.

En esta dependencia también se hicieron compras por alrededor de 4 millones de pesos, para la supuesta adquisición de paquetes escolares, sin embargo en algunos casos no se encontró evidencia de la existencia o entrega de este material y en otro, la empresa proveedora tiene como actividad principal, la compra, venta y renta de maquinaria industrial y agrícola.

En uno de los contratos celebrados con el proveedor Comercializadora El Sardinero, por un total de 11 millones, 097,000 pesos, la compra se adjudicó de manera directa, no tiene la firma de la Oficialía Mayor y no hay evidencias documentales de la entrega de los productos adquiridos.

Las obras fantasmas

En el Programa Estatal de Obras del ejercicio fiscal 2010, hay evidencias documentadas de 16 obras pagadas en su totalidad e inexistentes en la realidad, "100% de avance financiero y 0% de avance físico", se lee en las observaciones.

El expediente de construcción de la Plaza Bicentenario contiene diversas irregularidades que van, desde la elaboración de las bases de licitación, la forma en que fue asignada la obra y los montos originalmente contratados.

"Las bases de licitación fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, fijando como fecha máxima para su compra el 29 de diciembre de 2008. Hay evidencias de que la compañía que resultó contratada las adquirió un después, situación suficiente para haber procedido a su descalificación", asienta Huizar en las observaciones.

La obra terminó costando al menos 30 millones más del presupuesto original, principalmente por aumento de precios en excavaciones y acarreo de material, así como del concreto hidráulico.

Elenco millonario

Del uno de enero del 2009 al 12 de septiembre del 2010, fueron suscritos 40 contratos para la presentación de diversos artistas, por un monto total de 102 millones 330,000 mil pesos, lo que implicaría que cada uno de ellos cobró en promedio 2.5 millones de pesos por actuación.

"Hemos solicitado la justificación legal acerca de por qué fueron adjudicados los contratos de manera directa, a qué programa corresponde su contratación y contra qué partida fueron liberados los pagos.

A la fecha, ninguno de los documentos que den respuesta a estos planteamientos se ha obtenido", se lee en una de las conclusiones.

Apoyos al campo

En el programa Insumos Agropecuario hay un convenio para la adquisición de semilla de frijol por un monto de 26 millones 104,000 pesos, sin que mediara licitación.

Lo mismo sucedió en el programa de Biofertilización en que se adjudicaron de manera directa, contratos para la compra de fertilizantes por un monto de 16 millones 594,500 pesos.

La Contraloría interna revisó 789 recibos que avalaban estas transacciones, de los cuales 525 mostraban algún tipo de alteración en la firma del beneficiario o en las cantidades presuntamente adquiridas.

"Organizamos visitas personales a 53 productores domiciliados en distintos municipios del estado, cuatro negaron haber recibido apoyo alguno y 26 reconocieron la transacción, pero en cantidades diferentes a las que aparecen en el documento", según el contralor.

La dependencia también documento irregularidades en el programa Tianguis Ganadero en donde se destinaron al menos 2 millones de pesos para comprar bienes distintos a las autorizadas en esta partida.

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Reprochan uso del Cisen en campañas

Partidos reprueban manejo del aparato gubernamental en “guerra sucia”; Segob se deslinda de espionaje

La difusión de grabaciones en las que gobernadores del PRI solicitan a funcionarios estatales y electorales apoyar a sus candidatos y la acusación de que el gobierno federal utiliza los sistemas de inteligencia y el aparato burocrático en contra de la oposición acapararon la “guerra sucia” entre partidos políticos.

Medios de comunicación y los propios institutos políticos han divulgado audios y videos en los que presuntamente Fidel Herrera Beltrán y Ulises Ruiz Ortiz, de Veracruz y Oaxaca, disponen de recursos públicos y piden a funcionarios aportar votos a favor de las candidaturas del tricolor.

Jesús Ortega Martínez y Manuel Camacho Solis reconocieron la ilegalidad de utilizar grabaciones para confirmar el respaldo de gobiernos priístas en los procesos del próximo 4 de julio; no obstante, César Nava Vázquez aclaró que el material ha sido difundido en distintos medios de comunicación.

Los líderes del PAN, PRD y DIA anunciaron en conferencia de prensa que promoverán una reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Consejo General del IFE para presentar pruebas de las irregularidades, en las que se suman hechos de violencia en Oaxaca, Hidalgo, Sinaloa y Durango.

Luis Walton, dirigente nacional de Convergencia, consideró que “es una vergüenza que gobernadores sean los jefes de campaña, que sean los que están aportando el dinero, que los institutos electorales dependan directamente de ellos”.

En contraposición, priístas como el diputado federal Luis Alberto Cano Vélez aseguraron que el Ejecutivo utiliza a las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para retener presupuestos de obras, hasta que pasen las elecciones, en maniobras dirigidas a no beneficiar a los opositores al PAN que, sin embargo, afectan a las poblaciones con el rezago en la ejecución de proyectos.

Adolfo Toledo Infanzón, senador y líder del PRI en Oaxaca, pidió a Felipe Calderón guardar “prudencia y serenidad”, como lo exige su investidura, y dejar de participar en los procesos electorales. Señaló al Presidente como “el coordinador de la campaña proselitista de los candidatos del PAN-Gobierno, que en alianza con PRD, PT y Convergencia integran la coalición Unidos por la paz y el progreso”.

En Ixtapan de la Sal y después en un comunicado, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, rechazó que el gobierno federal participe en el espionaje telefónico atribuido al Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) y pidió no dar credibilidad a imputaciones fáciles que intentar poner en entredicho la actuación del titular del Poder Ejecutivo.

“El presidente ha tenido un comportamiento institucional; no ha acudido a ningún acto de campaña y ha buscado cumplir con su función de factor de cohesión y unidad política”. Recordó que las intervenciones sólo son legales cuando las autoriza un juez a las autoridades competentes, aunque reconoció que esta intromisión es posible por los avances tecnológicos.

PAN utiliza empresa privada

Con el dictamen de la empresa Cal y Mayor & Cía., que brinda sus servicios periciales a la PGR, el PAN en Veracruz aseguró que la voz difundida en audios y que evidencia intromisión en el proceso electoral sí es la del gobernador Herrera Beltrán. “Además de corrupto y bribón, (Fidel) es mentiroso, absurdo y cantinflesco”, dijo el representante albiazul ante el Instituto Electoral Veracruzano (IEV).

La víspera, Herrera Beltrán respondió: “El gobierno federal debería enfocar sus esfuerzos a ‘encontrar a mi amigo Diego (Fernández de Cevallos)’, en lugar de desviar recursos para descalificar a sus contrincantes”.

En Hidalgo, Jesús Zambrano, coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez Ruiz, dio a conocer una conversación para operar políticamente a favor de la coalición PRI-Verde-Panal. En el encuentro participa el ex alcalde Alfredo San Roman Duval, quien se encuentra “prófugo” de la justicia desde 2005 por peculado.

Divulgan más anomalías

Rogelio Gómez Hermosillo, de la asociación Alianza Cívica, informó que desde mayo, www.cuidemoselvoto.org concentra materiales que revelan coacción del voto en Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Tlaxcala. “En Hidalgo hay reportes de maestros del Colegio de Bachilleres en Tecozautla, Huichapan, Nopala y Tlaxcalilla, así como de Institutos Tecnológicos para hacer proselitismo a favor de candidatos”. (Con información de Luz González, Dinorath Mota y Édgar Ávila, reportera y corresponsales)

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Acusan a dirigente estatal del PRD de desvío de 22 millones 434 mil pesos

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) local, Javier May Rodríguez, fue acusado de haber desviado 22 millones 434 mil pesos cuando fungió como alcalde del municipio de Comalcalco.

El problema se agrava porque la fracción del PRD en el Congreso tabasqueño se encuentra divida y los diputados contrarios a la corriente del ex presidente municipal dijeron que si existen elementos para procesarlo, ellos no van a defenderlo.

La suma que se le imputa corresponde a la cuenta pública del segundo trimestre de 2009, de acuerdo con el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) del estado.

El OSF efectuó la auditoria HCE/OSFE/2182/2009, fechada el 8 de septiembre de 2009, según la cual encontró observaciones de carácter documental, presupuestal, financiero y de control interno en la cuenta pública de Comalcalco.

May Rodríguez no pudo justificar esas irregularidades, según se asienta en el oficio C/12/01/2010/0085 del 12 de enero de este año.

Las observaciones que le hizo el Órgano Superior de Fiscalización en los meses de abril, mayo y junio de 2009 señalan falta de pólizas, documentación comprobatoria y órdenes de pago, así como la programación de proyectos de manera indebida.

Señala, asimismo, irregularidades graves, como el traspaso de 14 millones de pesos en la cuenta bancaria de Aportaciones Federales correspondiente al apartado del ramo 33 fondo IV, “sin hacer solventación alguna de dicha cantidad”.

De igual manera, en lo que hace a mecanización agrícola, Javier May no pudo solventar un millón 372 mil 512 pesos, ni comprobó gastos por 5 millones 36 mil 989.77 pesos, correspondiente a abril, mayo, junio, de los que el OSF “no encontró la documentación correspondiente”.

Igualmente el OSF encontró documentación de compras de bombas aspersoras por un millón 699 mil 849.94 pesos, ni de diversas órdenes de pago por montos que van desde 800 pesos hasta 20 mil, 30 mil o 90 mil pesos.

Sus compañeros no lo defienden. Los diputados perredistas no salieron en defensa del presidente estatal del partido su compañero legislador Jesús González advirtió que en el caso de la revisión de las cuentas públicas de los municipios, con su voto no va a proteger a nadie, y en el caso de Javier May, dijo lo mismo, “porque aquí no se trata de asuntos políticos, sino de poder revisar si lo que dice el Órgano Superior de Fiscalización está en lo correcto”.

En entrevista, el diputado que es uno de los que Javier May quiere expulsar porque los cataloga como traidores, mencionó que por ahora no conoce el documento que se dio lectura ayer en el seno de la sesión de la Comisión Permanente, pero aclaró que cuando tenga en sus manos el dictamen, lo revisará en su totalidad para determinar cual será el sentido de su voto.

http://cronica.com.mx/nota.php?id_nota=512041