El pleno del Congreso de Veracruz, aprobó dos reformas legales para castigar con cárcel y multas económicas los llamados "pitazos" en contra de las fuerzas de seguridad y las llamadas de emergencia falsas.
Durante sesión extraordinaria, los diputados veracruzanos aprobaron, por separado, reformas al Código Penal propuestas por el gobernador Fidel Herrera Beltrán y el legislador priista Héctor Yunes Landa.
Los primeros cambios impulsados fueron para castigar con cárcel y multas económicas a aquellos que den el clásico "pitazo" de las actividades y operativos que vayan a realizar las fuerzas del orden.
Con ello, buscan proteger a los elementos de instituciones de Seguridad Pública, persecución, investigación, sanción del delito o de ejecución de penas contra los avisos a la delincuencia de sus operativos.
Con las reformas se impondrá prisión de seis a 15 años de prisión y multa de hasta 400 días de salario a quien aceche, vigile o realice actividades de espionaje sobre la ubicación, actividades, operativos o labores de elementos de corporaciones policiacas.
Si se trata de servidores públicos, las penas señaladas se agravarán hasta en una mitad más, y se impondrán la inhabilitación para el desempeño de empleo, cargo o comisión públicos, hasta por el término de quince años.
Se castigará así el espionaje que consiste en acechar, observar con disimulo, filmar, fotografiar, grabar u observar de modo clandestino objetos, conversaciones, personas o documentos.
En tanto, también modificaron el Código Penal para castigar con tres años de prisión y multa de 50 a cien días de salario mínimo a quien reporte emergencias falsas a las autoridades policías y de auxilio.
Los diputados aprobaron por mayoría de votos reformas a dicho ordenamiento legal en el que se incluyó el capitulo "Movilización de Servicios de Emergencia" y "Delitos contra la Seguridad del Estado".
Con dichos cambios, se sancionará con cárcel y económicamente a quien, por cualquier medio, dolosamente reporte emergencias falsas que movilicen a personal de instituciones públicas o privadas que presten servicios de emergencia, protección civil o seguridad pública.
La propuesta original, presentada por el legislador priista Héctor Yunes Landa incluía que si la falsa alerta provocaba un accidente o daños se impondría al responsable de tres a seis años de prisión y multa de 200 veces el salario mínimo y al pago total de los perjuicios causados.
Sin embargo, los integrantes de la Comisión que analizó la propuesta, determinó no incluirlo porque no encontraron elementos suficientes de orden jurídico para imputar una responsabilidad penal de un delito autónomo a quien motivó la movilización de los sistemas de emergencia con un reporte.
http://www.eluniversal.com.mx/notas/701574.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario